Por CEFU
La ley sobre la Protección de los Animales (nº 20.380) fue publicada en el diario oficial el 3 de octubre y ya está vigente.
La intención legislativa es crear un código específico sobre esta materia, por lo cual se facultó a la Presidenta Michelle Bachelet para sistematizar y refundir las normas dispersas en la legislación chilena relativas a la salud y bienestar animal, entre otras. Esto explicaría el silencio que ha rondado a la publicación de un proyecto que supuestamente ha sido un anhelo para quienes defienden los derechos animales.
Los reglamentos pertinentes para esta ley serán redactados por el Ministerio de Salud en el plazo de un año. Cuestión que causa preocupación entre los defensores de los animales pues dicha repartición, históricamente, ha evitado hacerse cargo del tema. “La aproximación a la problemática siempre ha sido desde una perspectiva sanitaria, poniendo énfasis en las enfermedades y daños que los animales pueden transmitir o causar a las personas. Al mismo tiempo el MINSAL ha tenido una actitud pasiva frente al accionar de las Secretarias Ministeriales que han avalado o promovido el retiro y eliminación de animales sin respetar la legislación vigente”, manifestó la Directora Ejecutiva de la Coalición para el Control Ético de la Fauna Urbana (CEFU), Alejandra Cassino.
Respecto de la Ley 20.380, la dirigente reiteró que “este cuerpo legal nos parece un buen gesto hacia quienes nos preocupamos de defender la causa animal. Sin embargo es una ley carente de recursos, incompleta y que además no incidirá radicalmente en la sanción penal de quienes cometan actos de maltrato. En buenas cuentas es sólo poesía jurídica”.
De acuerdo al área legal de CEFU esta ley dejó fuera temas esenciales como la posibilidad de presentar querella por parte de las organizaciones que tienen por fin la defensa de los animales; cambiar el estatus jurídico de estos –que dejen de ser considerados cosas por el Código Civil-; sancionar expresamente el abandono; y, considerar a los animales en los protocolos de rescate de la ONEMI.
Para subsanar las falencias de este cuerpo legal, el diputado Fulvio Rossi presentó una moción sobre protección y condición jurídica de los animales, boletín 6589-12, que actualmente se encuentra en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara. “Trabajamos junto al diputado en la redacción de esta propuesta pues entendemos que si se legisla sobre una materia es para lograr avances sobre la misma y no para hacer gestos o generar volúmenes que ocupen espacio en una biblioteca”, agregó Cassino.
Asimismo la Directora Ejecutiva de CEFU mostró preocupación por la descoordinación que existe entre la Ley 20.380 y el proyecto sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, boletín 6499-11 (De razas peligrosas). “Mientras en su inciso segundo la Ley de Protección Animal promueve la educación y la esterilización de perros, el proyecto de tenencia avala la eutanasia de los animales retirados por los municipios que no sean reclamados por sus dueños. Esto es gravísimo pues faculta a los municipios a instalar caniles de acopio. Quienes saben de demografía canina saben que el numero de animales superará la capacidad instalada y que ante la presión de los vecinos por acceder al ‘servicio’ de retiro y acumulación de animales se verán en la obligación de sacrificar a los no reclamados”, informó.
Respecto de la posibilidad de sacrificio de animales, Cassino fue enfática. “No será una posibilidad. Será una realidad. Un hecho que responderá a la presión de los vecinos y que obligará a eliminar animales sanos para tener más espacio. Recluir a los 300 mil animales en situación de calle (abandonados) que hay en el país en caniles municipales implica mensualmente cerca de dos millones de dólares. Sin educación y programas de esterilización extensivos y sistemáticos, la ley de Tenencia Responsable pasará a la historia con el triste mote de ‘solución final’ y lo que es peor, sin resultados positivos como lo demuestran hoy experiencias internacionales similares”.
Los reglamentos pertinentes para esta ley serán redactados por el Ministerio de Salud en el plazo de un año. Cuestión que causa preocupación entre los defensores de los animales pues dicha repartición, históricamente, ha evitado hacerse cargo del tema. “La aproximación a la problemática siempre ha sido desde una perspectiva sanitaria, poniendo énfasis en las enfermedades y daños que los animales pueden transmitir o causar a las personas. Al mismo tiempo el MINSAL ha tenido una actitud pasiva frente al accionar de las Secretarias Ministeriales que han avalado o promovido el retiro y eliminación de animales sin respetar la legislación vigente”, manifestó la Directora Ejecutiva de la Coalición para el Control Ético de la Fauna Urbana (CEFU), Alejandra Cassino.
Respecto de la Ley 20.380, la dirigente reiteró que “este cuerpo legal nos parece un buen gesto hacia quienes nos preocupamos de defender la causa animal. Sin embargo es una ley carente de recursos, incompleta y que además no incidirá radicalmente en la sanción penal de quienes cometan actos de maltrato. En buenas cuentas es sólo poesía jurídica”.
De acuerdo al área legal de CEFU esta ley dejó fuera temas esenciales como la posibilidad de presentar querella por parte de las organizaciones que tienen por fin la defensa de los animales; cambiar el estatus jurídico de estos –que dejen de ser considerados cosas por el Código Civil-; sancionar expresamente el abandono; y, considerar a los animales en los protocolos de rescate de la ONEMI.
Para subsanar las falencias de este cuerpo legal, el diputado Fulvio Rossi presentó una moción sobre protección y condición jurídica de los animales, boletín 6589-12, que actualmente se encuentra en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara. “Trabajamos junto al diputado en la redacción de esta propuesta pues entendemos que si se legisla sobre una materia es para lograr avances sobre la misma y no para hacer gestos o generar volúmenes que ocupen espacio en una biblioteca”, agregó Cassino.
Asimismo la Directora Ejecutiva de CEFU mostró preocupación por la descoordinación que existe entre la Ley 20.380 y el proyecto sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, boletín 6499-11 (De razas peligrosas). “Mientras en su inciso segundo la Ley de Protección Animal promueve la educación y la esterilización de perros, el proyecto de tenencia avala la eutanasia de los animales retirados por los municipios que no sean reclamados por sus dueños. Esto es gravísimo pues faculta a los municipios a instalar caniles de acopio. Quienes saben de demografía canina saben que el numero de animales superará la capacidad instalada y que ante la presión de los vecinos por acceder al ‘servicio’ de retiro y acumulación de animales se verán en la obligación de sacrificar a los no reclamados”, informó.
Respecto de la posibilidad de sacrificio de animales, Cassino fue enfática. “No será una posibilidad. Será una realidad. Un hecho que responderá a la presión de los vecinos y que obligará a eliminar animales sanos para tener más espacio. Recluir a los 300 mil animales en situación de calle (abandonados) que hay en el país en caniles municipales implica mensualmente cerca de dos millones de dólares. Sin educación y programas de esterilización extensivos y sistemáticos, la ley de Tenencia Responsable pasará a la historia con el triste mote de ‘solución final’ y lo que es peor, sin resultados positivos como lo demuestran hoy experiencias internacionales similares”.
fuente: CEFU
PrensaAnimalista
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